La Federación Económica de Santa Cruz expresó su preocupación por la modificación del régimen de Zona Fría, que cuenta con media sanción en Diputados.
La Federación Económica de Santa Cruz advirtió sobre el impacto que podrá ocasionar la modificación de la reforma de Zona Fría que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
La organización que agrupa a empresarios y comerciantes de Santa Cruz expresó su “profunda preocupación” por la modificación y señalaron que el cambio tendrá un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias y agravará la caída del consumo y la actividad comercial en la provincia.
En un comunicado afirman que la modificación “altera de manera sustancial la base de cálculo del subsidio”, ya que el beneficio dejará de aplicarse sobre el valor total de la factura y pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Si la modificación es aprobada en el Senado, los cambios en la Zona Fría impactarán de tal manera que quedarán excluidos del subsidio los costos de distribución, transporte e impuestos.
“La boleta que recibirán los santacruceños será más cara, con independencia de si conservan o no formalmente el subsidio”, indicaron.
Advirtieron que “el gas es un servicio esencial e insustituible durante ocho o nueve meses del año” y que el cambio del régimen tarifario implicará “una transferencia directa de ingreso disponible desde los hogares hacia el costo de una tarifa”.
“Incorporar una presión tarifaria adicional de esta magnitud, en pleno período de mayor demanda energética, constituye un factor de agravamiento de un cuadro económico que ya presenta señales de deterioro”, afirmó el comunicado.
También alertaron que “cuando una familia destina una proporción mayor de sus ingresos al pago de servicios básicos, reduce necesariamente su capacidad de gasto en el resto de la economía. Impacta de manera directa e inmediata en las pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo en cada localidad de la provincia”.
Desde la Federación añadieron que es “un deber institucional informar con precisión y sin demora” sobre los efectos de la reforma y remarcó que “los santacruceños tienen derecho a conocer con antelación lo que esta medida implica para su economía familiar. Nadie podrá invocar desconocimiento”.