El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.
El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud. La Casa Rosada busca bloquear la decisión del magistrado, quien detectó demoras crónicas en el flujo de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables del sistema sanitario.
El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo. Esta determinación técnica significa que la cautelar continuará vigente y el Estado mantiene la obligación de pagar hasta que la Cámara Federal se expida sobre la presentación oficial.
La batalla judicial comenzó a partir de un amparo colectivo que impulsó la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba. Al reclamo sumaron sus firmas instituciones de la provincia de Córdoba como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos locales que arrastran meses de asfixia financiera.
En las oficinas judiciales de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja ordenó al Estado nacional cancelar las deudas en un máximo de 72 horas. El juez fijó además una vigencia de seis meses para la cautelar o hasta el dictado de una sentencia firme.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las organizaciones sociales denunciaron que el corte de la cadena de pagos generó un riesgo inminente de interrupción de servicios básicos de asistencia.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones. El texto judicial advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores y remarcó el peligro que corren las personas con discapacidad.
La ofensiva oficial sobre el sector sumó otro antecedente normativo en los últimos días. El Gobierno nacional eliminó los subsidios a empresas de transporte de larga distancia para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer mediante la Resolución 28/2026. (Agencia OPI Santa Cruz)