Trabajadores del yacimiento Cerro Negro, operado por la minera Newmont, realizan piquetes en el ingreso al establecimiento tras una serie de despidos que consideran sin causa. La medida se da en el marco de un conflicto laboral que comenzó hace dos años.
Santa Cruz – Trabajadores del yacimiento Cerro Negro, operado por la minera Newmont, realizan piquetes en el ingreso al establecimiento tras una serie de despidos que consideran sin causa. La medida se da en el marco de un conflicto laboral que comenzó hace dos años, cuando la empresa desvinculó a 30 operarios. En esta nueva ola, más de 20 trabajadores denuncian que desde hace días se les impide el ingreso a sus puestos de trabajo.
Según Newmont, los mineros fueron informados mediante carta documento y telegramas. Sin embargo, los trabajadores niegan haber recibido dicha notificación. Abogados particulares iniciaron una intimación formal a la empresa, argumentando que muchos de los afectados poseen alta antigüedad y padecen problemas de salud como afecciones oculares, pulmonares y lesiones lumbares, derivadas de trabajos pesados en ambientes de alta contaminación.
El abogado Nicolás Schick, en declaraciones a Canal 2 de Caleta Olivia, afirmó: “Recibimos muchas consultas (de los trabajadores) porque las desvinculaciones fueron inicialmente de palabra, no se los notificó, entonces no conocen las causas. La realidad es que el impedimento de acceso al establecimiento y a volver a trabajar existe, y eso es una causal suficiente como para que ellos realicen las primeras intimaciones y bueno, en función de la respuesta de la empresa, tomar las acciones que correspondan”.
De acuerdo con la legislación laboral, para que un despido sea válido el trabajador debe ser notificado por escrito y de manera fehaciente, mediante telegrama laboral. La empresa utiliza el término “desvinculación” para referirse a la finalización del contrato de trabajo, aunque los letrados sostienen que se trata de despidos unilaterales y sistemáticos.
El conflicto se intensificó tras la muerte de dos operarios, Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, en abril de 2024, lo que paralizó la mina por más de 40 días y puso bajo revisión las condiciones de seguridad en los pozos profundos de Newmont.
A principios de 2025, la empresa y el Gobierno de Santa Cruz entraron en un cortocircuito político. Newmont había prometido inversiones por más de USD 540 millones para extender la vida útil de la mina, pero tras los accidentes mortales redirigió fondos a seguridad y dejó la inversión “congelada”. El gobierno provincial exigió cambios en la gerencia.
En octubre de 2025, Newmont ejecutó una ola de despidos bajo el argumento de una “reestructuración empresarial”, que afectó a trabajadores locales de Perito Moreno y a personal con discapacidad. La Cámara de Proveedores Mineros (CAPROMISA) y el gobierno alertaron que esto violaba la Ley 70/30, que exige priorizar el empleo santacruceño. El gremio ASIJEMIN impulsó medidas de fuerza y el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó la conciliación obligatoria, obligando a la empresa a retrotraer las desvinculaciones.
En febrero de 2026, Newmont y la provincia anunciaron la reactivación del proyecto “Cerro Negro Expansión 1” (CNE1) con una inversión de USD 360 millones, prometiendo generar más de 200 empleos directos. No obstante, en marzo de 2026 ASIJEMIN declaró el “estado de alerta y asamblea permanente”, denunciando que la empresa enviaba representantes sin poder de decisión y se negaba a pagar bonos de producción.
Actualmente, los trabajadores mantienen el piquete en la garita de entrada al yacimiento. Los abogados sostienen que Newmont busca desgastar psicológicamente a los empleados y forzar renuncias negociadas por montos menores, evitando así demandas por enfermedades profesionales vinculadas a los accidentes fatales de 2024.