La legisladora explicó que el foco está en establecer procedimientos claros y coordinar con las provincias para una aplicación efectiva de la norma, manteniendo el objetivo de proteger las reservas de agua.
Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, la diputada Ávila señaló que «ahora empieza lo más importante: la implementación», y remarcó la necesidad de ordenar definiciones y procedimientos para mejorar su aplicación en el territorio. En ese sentido, explicó que se buscará «establecer los procedimientos con claridad, coordinar entre las provincias y avanzar en los instrumentos técnicos» para lograr una aplicación eficiente.
Según indicó, el objetivo central se mantiene: proteger las reservas estratégicas de agua, pero con una norma que pueda aplicarse de manera efectiva. Consultada por los amparos ambientales presentados, la legisladora consideró que la judicialización es esperable debido a la ambigüedad de la normativa anterior. «Cuando una norma es ambigua, habilita interpretaciones distintas y eso termina en la Justicia», afirmó. No obstante, sostuvo que la ley continúa vigente y será el Poder Judicial quien resuelva los planteos, al tiempo que expresó que la reforma apunta a brindar mayor previsibilidad en el tiempo.
Ávila también se refirió al debate previo a la sanción y aseguró que hubo «mucha desinformación», ya que se instaló la idea de una reducción en la protección ambiental. En esa línea, explicó que la reforma busca mejorar la implementación mediante definiciones más precisas y herramientas técnicas. «El trabajo ahora es explicar con claridad qué cambia y qué no cambia», indicó, y subrayó la importancia de comunicar con datos y ejemplos concretos, como la mejora en los estudios y sistemas de monitoreo.
Respecto a la determinación de la relevancia hídrica de las geoformas, la diputada remarcó el rol de las provincias en las evaluaciones ambientales, en el marco del federalismo ambiental. Señaló que estas decisiones no son discrecionales, sino que requieren estudios, metodologías y validaciones técnicas en el territorio. Además, destacó la articulación con organismos científicos y mencionó la complementariedad con la Ley 25688 de gestión del agua.
Uno de los puntos centrales, según Ávila, es la falta de desarrollo del nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, que permite determinar la significancia hídrica real. Indicó que avanzar en estos estudios es fundamental, ya que sin esa información «la ley queda en un plano más declarativo que efectivo». En ese marco, destacó la necesidad de trabajo conjunto entre equipos técnicos provinciales, universidades y organismos especializados.
Por último, al referirse al impacto de la normativa en la actividad minera y los RIGI, Ávila sostuvo que los resultados no son inmediatos, pero dependen de contar con un marco normativo claro. «Cuando hay reglas claras, seguridad jurídica y participación de las provincias, se genera un escenario más propicio para la inversión», afirmó, y concluyó que esto, con el tiempo, se traduce en empleo, desarrollo local y oportunidades para las comunidades.