El Decreto 253/2026 habilita a la provincia a concesionar rutas nacionales por 30 años, con peajes que deberán reinvertirse en mantenimiento. La medida busca solucionar el abandono vial, pero genera interrogantes sobre transparencia y control.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 253/2026, delegó a la provincia de Santa Cruz la facultad de gestionar rutas nacionales dentro de su territorio. El punto central es la autorización para implementar un sistema de concesiones por peaje por un plazo de hasta 30 años. Los fondos recaudados deben reinvertirse exclusivamente en el mantenimiento y mejora del tramo concesionado, y la provincia tiene un plazo de un año para llamar a licitación una vez firmados los convenios específicos con Vialidad Nacional; de lo contrario, la delegación de facultades caduca.
Objetivamente, el mecanismo introduce tres cambios fundamentales en la lógica de la obra pública vial en Santa Cruz: la responsabilidad de las rutas pasa de la Nación a la órbita del gobernador Claudio Vidal; se activa el financiamiento privado, que ya no dependerá de partidas presupuestarias directas (hoy frenadas por Nación), sino del flujo de caja que generen los usuarios (peajes); y se abre la puerta a que empresas privadas o mixtas tomen el control de la infraestructura vial por tres décadas.
El decreto exige “transparencia y competencia”, pero la realidad administrativa de la provincia ha mostrado históricamente debilidad en los organismos de control locales. Si el proceso de licitación no cuenta con una auditoría externa rigurosa o participación de la oposición, existe el riesgo de que se repitan esquemas de pliegos “hechos a medida” para empresas específicas. Además, la urgencia del plazo de un año podría ser usada como excusa para contrataciones directas por “emergencia vial”.
Un detalle técnico relevante es que el costo del peaje podría ser muy alto para que la ecuación económica sea rentable para una empresa privada, lo que podría derivar en que el Estado provincial termine subsidiando a las concesionarias con fondos públicos para mantener la rentabilidad del negocio. El decreto estipula que la recaudación debe ir exclusivamente a la ruta, pero en un contexto de falta de transparencia, la fiscalización de cuántos vehículos pasan y cuánto se recauda realmente es difícil de auditar para el ciudadano común.
En las actuales condiciones de abandono de las rutas, desinterés de inversión nacional y falta de recursos provinciales, el mecanismo es técnicamente viable para reparar rutas abandonadas. Sin embargo, sin un cambio real en la cultura de transparencia de la obra pública, este decreto podría simplemente institucionalizar el favoritismo, otorgando a empresas aliadas el control de la conectividad de la provincia por las próximas tres décadas.