La empresa estatal Enarsa lanzó una licitación para adquirir cuatro buques adicionales de gas natural licuado, con entrega prevista para mayo, sumándose a dos ya contratados. La medida busca garantizar el abastecimiento energético ante el aumento de consumo por el frío.
Luego de que el Gobierno decidiera dar de baja la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL), la empresa estatal Enarsa lanzó una licitación para adquirir cuatro buques adicionales con entrega prevista para mayo. Estas compras se suman a los dos barcos ya contratados para los próximos días, en un contexto de urgencia ante la llegada del frío.
La Secretaría de Energía resolvió mantener la gestión en manos de Enarsa tras evaluar que las ofertas de empresas privadas, como Naturgy y Trafigura, implicaban costos significativamente más altos. Según el análisis oficial, los honorarios propuestos duplicaban el costo operativo de la empresa estatal, lo que habría encarecido el sistema y generado mayor presión sobre subsidios o tarifas.
La decisión también se enmarca en un escenario de precios internacionales elevados, impulsados por el conflicto en Medio Oriente, que impacta en el valor del GNL. En este contexto, se estima que el costo del combustible en 2026 será superior al del año anterior, aunque podría ubicarse por debajo de las previsiones iniciales.
Durante 2025, Enarsa importó 27 buques de GNL por un total de USD 700 millones, destinados principalmente a generación eléctrica y abastecimiento de la demanda prioritaria. Para 2026, se proyecta la necesidad de entre 23 y 25 cargamentos, dependiendo de las condiciones climáticas. Con los seis buques ya en proceso (dos adjudicados y cuatro en licitación), aún restan nuevas convocatorias para cubrir la demanda del invierno.
Otro factor que influyó en la decisión oficial es la ampliación de los gasoductos troncales, que permitirá reducir la dependencia del GNL en el futuro. En particular, las obras en el sistema vinculado al ex Gasoducto Néstor Kirchner apuntan a disminuir las necesidades de importación en los próximos años. Con esta estrategia, el Gobierno busca garantizar el abastecimiento energético durante los picos de consumo, evitando incrementos mayores en los costos del sistema y en el impacto sobre los usuarios.