En el marco de un amparo colectivo, el juez Marcelo Bersanelli ordenó al municipio de Río Gallegos presentar en 20 días hábiles un plan detallado para revertir la situación del basural a cielo abierto, con metas medibles y plazos definidos.
En una audiencia judicial realizada recientemente, el juez Marcelo Bersanelli intimó al municipio de Río Gallegos a presentar en un plazo de 20 días hábiles un informe detallado con acciones concretas para revertir el estado del basural a cielo abierto. La medida se enmarca en un amparo colectivo y contó con la participación de la Secretaría de Estado de Ambiente provincial.
El requerimiento judicial establece que el municipio deberá incluir metas medibles, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva. Además, se solicitaron acciones específicas para mejorar la calidad de vida de los barrios cercanos, afectados por la acumulación de residuos.
Desde el área ambiental se advirtió que, una vez vencido el plazo, podrían aplicarse medidas sancionatorias en caso de incumplimiento. Entre las posibles consecuencias se contemplan multas económicas y, de persistir la situación, la clausura del predio.
Durante la audiencia, representantes del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Fiscalía de Estado ratificaron la continuidad del procedimiento administrativo contra el municipio. El planteo oficial descartó la posibilidad de frenar el proceso y confirmó el ejercicio del poder de policía ambiental para determinar responsabilidades.
El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, calificó como positiva la audiencia y señaló que se exigieron indicadores verificables. Entre los puntos planteados, destacó la necesidad de incorporar un balance de masas de residuos sólidos urbanos para garantizar la trazabilidad y control del tratamiento.
El basural a cielo abierto de Río Gallegos presenta impactos negativos en el ambiente y la salud pública, con riesgos de contaminación del suelo, aire y napas. Informes oficiales ya habían advertido incumplimientos de la normativa vigente y la necesidad de erradicar el predio.
El municipio deberá presentar un plan consistente que acredite avances concretos en la gestión de residuos. De no cumplir con lo exigido, la causa podría avanzar hacia sanciones más severas, en un contexto de creciente presión social y reclamos vecinales por una solución definitiva.