Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal revela que las transferencias de la Nación a las provincias cayeron significativamente entre 2024 y comienzos de 2026, con un recorte promedio de $765.264 por argentino. Santa Cruz es una de las jurisdicciones afectadas por la reducción de fondos.
La caída de transferencias desde la Nación hacia las provincias implicó un ajuste significativo en los últimos dos años. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cada argentino soportó un recorte promedio de $765.264 entre 2024 y comienzos de 2026. El cálculo surge de comparar los envíos mensuales promedio de 2023 con los registrados entre enero de 2024 y febrero de 2026, tanto en transferencias automáticas (coparticipación) como no automáticas.
El informe muestra un fuerte deterioro en los recursos que reciben las jurisdicciones subnacionales. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registró una mejora de ingresos de aproximadamente $550.000 millones, lo que la convierte en el único distrito con saldo positivo. La diferencia en el reparto se explica en gran parte por una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó incrementar los fondos destinados a la Ciudad. El fallo estableció elevar su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95% de manera provisoria, mientras se resuelve el conflicto de fondo entre Nación y el distrito capital.
Al distribuir el ajuste por habitante, el informe muestra diferencias significativas. Esto refleja que el esfuerzo fiscal recayó principalmente en las provincias, mientras que la Ciudad tuvo una mejora relativa en sus ingresos. El estudio vincula este escenario con dos factores principales: la política de ajuste fiscal del Gobierno nacional y la medida cautelar que favorece a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el Gobierno nacional trasladó parte del ajuste a las provincias mediante menores transferencias, tanto automáticas como discrecionales. El resultado es un esquema de distribución más restrictivo y con asimetrías crecientes entre jurisdicciones. Mientras las provincias enfrentan menores recursos para sostener sus gastos, la situación de la Ciudad de Buenos Aires quedó atenuada por la intervención judicial. El escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad del federalismo fiscal y el financiamiento de los servicios públicos en el interior del país, incluyendo a Santa Cruz.