 presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo informe sobre el memorando de entendimiento con YPF por áreas hidrocarburíferas y pasivos ambientales.){kind=link}
El diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Provincial informe en un plazo de diez días sobre el Memorando de Entendimiento entre Santa Cruz, FOMICRUZ S.E. e YPF S.A., relacionado con la cesión o reversión de áreas hidrocarburíferas.
El diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) elaboró un proyecto de resolución por el cual solicitó al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) un informe detallado, en un plazo de diez días, sobre el Memorando de Entendimiento entre Santa Cruz, FOMICRUZ S.E. e YPF S.A., centrado en la cesión o reversión de áreas hidrocarburíferas.
En el texto, el legislador incluyó la identificación, estado y precisión sobre cuáles son las áreas involucradas, su estado jurídico y la intervención concreta de la Comisión de Fiscalización.
En cuanto a la gestión de pasivos ambientales, requirió a la Secretaría de Ambiente que explique su participación, la metodología técnica utilizada para identificar pasivos y la creación de un inventario georreferenciado de pozos, derrames, ductos e instalaciones abandonadas.
El diputado cuestionó a la autoridad ambiental sobre si el plazo estipulado de 180 días es suficiente para auditar las áreas y pidió detalles exhaustivos sobre la entidad auditora seleccionada, incluyendo sus antecedentes, costos, mecanismos para asegurar su imparcialidad y posibles vínculos previos con YPF o el Estado.
Asimismo, solicitó suspender cualquier acto de transferencia hasta que la Autoridad Ambiental apruebe el relevamiento integral. Además, exige que antes de concretar la cesión, YPF asuma explícitamente sus responsabilidades ambientales y se le exijan garantías financieras (como seguros o fondos de recomposición) para asegurar el saneamiento y remediación.
La argumentación de la iniciativa de Muñoz hace hincapié en los siguientes puntos: la medida tiene trascendencia estratégica, pues compromete el control de recursos naturales estratégicos, el empleo y la protección del medio ambiente; la necesidad de control institucional, considerando indispensable que la Comisión de Fiscalización asuma un rol activo; la preocupación por los plazos y la calidad de la auditoría, ya que 180 días podrían no ser suficientes dada la magnitud y complejidad de los yacimientos; el riesgo de perjuicio económico para el Estado si la auditoría no es rigurosa e independiente; y el rol indelegable del Estado, señalando que la Autoridad Ambiental debe expedirse de manera fundamentada sobre todo el proceso.
El proyecto fue girado a Comisiones en la Legislatura provincial.