El choque de posiciones en la mesa política del presidente Javier Milei paraliza la definición de una estrategia uniforme ante los gobernadores provinciales.
El choque de posiciones en la mesa política del presidente Javier Milei paraliza la definición de una estrategia uniforme ante los gobernadores provinciales. La disputa interna reactiva la fractura que afectó el armado de listas en las elecciones legislativas de 2025. Dos sectores contrapuestos pujan por el control del diseño electoral y legislativo con la mira puesta en los comicios presidenciales de 2027.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, exigen sellar un pacto macro inmediato con los mandatarios locales. Ambos funcionarios buscan garantizar gobernabilidad en el Congreso de la Nación y blindaje político para la gestión económica. Desde este sector afirman que la falta de certezas futuras arriesga la votación de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazan esa propuesta. Este bloque rechaza abrir la discusión de candidaturas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA el 11 de junio de 2026. Fuentes de la Jefatura de Gabinete aseguran que la prioridad actual radica en observar si los gobernadores desdoblan sus comicios locales.
La conducción real del espacio oficialista permanece bajo la órbita de Karina Milei, quien retiene la firma legal para la conformación de listas de La Libertad Avanza. La funcionaria delegó la relación directa con los estados provinciales en el ministro del Interior, Diego Santilli, y en el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem. Estos dos operadores coordinaron los primeros acercamientos con Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Alfredo Cornejo de Mendoza y Leandro Zdero de Chaco.
Voceros partidarios ratificaron que el debate electoral comenzará formalmente durante el segundo semestre de 2026. El esquema previsto repite la matriz de negociación utilizada en 2025, la cual excluye acuerdos globales previos con las administraciones de Entre Ríos, Mendoza y Chaco. En la actualidad, los enviados del Gobierno nacional limitan los contactos a gestiones individuales para conseguir los votos necesarios que destraben la agenda de leyes en el Parlamento.