La iniciativa busca establecer un marco para el gasto del sector ante las restricciones presupuestarias. Se iniciaron diálogos con universidades y gremios.
El Gobierno nacional avanza con el tratamiento en el Congreso de un proyecto para una nueva ley de financiamiento universitario. El objetivo declarado es ordenar el gasto del sector y evitar un impacto mayor en las cuentas públicas.
Desde el Ministerio de Capital Humano se mantuvieron contactos con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes gremiales. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue el encargado de articular estos diálogos en busca de consensos para el avance parlamentario del proyecto.
Paralelamente, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, presentó un recurso judicial para suspender artículos clave de la ley vigente. El oficialismo argumenta que la normativa actual no puede cumplirse por falta de presupuesto.
La propuesta oficial plantea una recomposición parcial de salarios docentes y no docentes, pero dentro de un marco más restrictivo que el anterior. El Ejecutivo busca, según sus declaraciones, «armonizar» las necesidades del sistema universitario con las posibilidades reales de financiamiento.
En el Congreso, el oficialismo intenta construir acuerdos con sectores de la oposición para lograr la aprobación del nuevo texto. La discusión parlamentaria definirá el alcance del financiamiento universitario para los próximos años.