Un análisis detallado del acuerdo entre la provincia de Santa Cruz e YPF revela que la empresa queda exenta de responsabilidad ambiental, trasladando los costos al Estado provincial.
En un informe previo se señaló que el gobierno de Santa Cruz, a través de Fomicruz, otorgó a YPF una indemnidad plena, un instrumento legal que protege a la empresa de cualquier reclamo futuro, asumiendo la provincia las consecuencias económicas y jurídicas. Este acuerdo implica que si surgen demandas por pasivos laborales o ambientales, Fomicruz deberá cubrir los costos, incluyendo honorarios legales y posibles indemnizaciones.
La indemnidad cubre incluso situaciones no identificadas en el Plan de Saneamiento Ambiental, blindando a YPF ante desastres ambientales no detectados inicialmente. Fomicruz se compromete a exigir a las nuevas operadoras que asuman este mismo compromiso, pero si estas quiebran, la responsabilidad recae en el Estado provincial.
El plazo de 180 días para que YPF realice el inventario del pasivo ambiental está por vencer, y se observa poca actividad en zona norte. Expertos advierten que el relevamiento de campo no se está cumpliendo, lo que podría derivar en que el pasivo ambiental quede definitivamente a cargo de Fomicruz, es decir, de todos los santacruceños.
Antecedentes como el caso de CGC muestran que el pasivo ambiental de Sinopec se redujo de 600 millones a 110 millones de dólares, aprobado por diputados sin verificar el valor real. Esta situación genera interrogantes sobre quién asumirá la responsabilidad final.