El Ejecutivo provincial advirtió que avanzará con medidas legales y administrativas si la firma no cumple con sus obligaciones laborales, contractuales y de inversión.
El Gobierno de Santa Cruz endureció su postura frente a los incumplimientos atribuidos a Patagonia Resources S.A. y advirtió que avanzará con medidas legales y administrativas si la firma no cumple de manera inmediata e íntegra con las obligaciones asumidas en materia laboral, contractual y de inversión. La definición surgió tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, en la que se ratificó una posición firme e irrevocable del Ejecutivo provincial ante la situación planteada con la empresa.
Desde la Provincia remarcaron que el traspaso de trabajadores de AESA a Patagonia Resources S.A. constituye una obligación jurídica exigible, asumida por la empresa en acuerdos celebrados con el Gobierno y los gremios petroleros. En ese marco, sostuvieron que el incumplimiento no es una opción. Asimismo, el Ejecutivo provincial advirtió que, si la compañía persiste en esta conducta, avanzará sin dilación en la reversión del acuerdo firmado y en la quita del área concesionada, haciendo uso de todas las facultades previstas en el marco legal vigente.
Otro de los puntos planteados por el Gobierno fue la exigencia formal a Patagonia Resources S.A. para que presente de manera urgente un plan de levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores ante las autoridades provinciales y los gremios del sector. En ese sentido, desde la administración provincial señalaron que la agenda energética de Santa Cruz tiene como ejes centrales la generación genuina de empleo, la reactivación productiva y el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por las empresas concesionarias. Ninguna empresa concesionaria puede sustraerse de estas obligaciones sin consecuencias, remarcaron desde el Gobierno provincial.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó formalmente a Patagonia Resources S.A. y a AESA sobre la instrucción de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación a la paz social. Según se informó, ambas conductas son consideradas infracciones graves al ordenamiento jurídico laboral y podrían derivar en la aplicación de las sanciones más severas contempladas en la normativa vigente.
Finalmente, el Gobierno de Santa Cruz dejó asentado que cuenta con las herramientas jurídicas, institucionales y políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas que operan sobre recursos naturales de la provincia. En ese marco, advirtieron que no habrá margen de tolerancia frente a conductas que afecten los derechos de los trabajadores, alteren la paz social o incumplan los planes de inversión vinculados al desarrollo productivo y laboral de Santa Cruz.