El Gobierno nacional formalizó un recorte de $78.768 millones en programas educativos, en la previa de la movilización convocada por universidades y docentes en reclamo por financiamiento.
El Gobierno nacional formalizó un recorte de $78.768 millones sobre distintos programas dependientes de la Secretaría de Educación, en la previa de la movilización convocada por universidades y sectores docentes en reclamo por el financiamiento educativo. La medida fue publicada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y afecta áreas sensibles vinculadas a alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles y obras de infraestructura.
El programa más perjudicado fue el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una quita de $35.288 millones destinados principalmente a transferencias hacia las provincias para su implementación. Otro de los recortes relevantes alcanzó al Fondo de Compensación Salarial Docente, herramienta utilizada para equilibrar los salarios mínimos docentes provinciales, que perdió $8.929 millones. En paralelo, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas registró una baja de $6.649 millones. Dentro de ese esquema, las becas estudiantiles tuvieron un recorte superior a los $559 millones. También se redujeron en $48.000 millones las transferencias destinadas a EDUC.AR S.A., la empresa estatal vinculada a contenidos y plataformas educativas.
El ajuste incluyó además una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura universitaria, lo que afecta obras en trece universidades nacionales. La institución más golpeada fue la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043 millones. También registraron fuertes recortes la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con $700 millones menos. A su vez, las universidades de Río Cuarto y Entre Ríos también quedaron alcanzadas por la suspensión de fondos para infraestructura.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado al Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. El análisis proyecta además que, a valores constantes de diciembre de 2026, la reducción real llegaría al 41,6% respecto de 2023. Desde el CEPA señalaron que, si se hubiese aplicado plenamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo, el presupuesto universitario habría alcanzado los $8,49 billones, acercándose a los niveles previos al ajuste.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión oficial y aseguró que la ley reclamada por las universidades “no se puede cumplir” porque quedó “implícitamente derogada” con la aprobación del Presupuesto. “El Estado no está hoy en condiciones económicas de afrontar un aumento salarial del 50%”, sostuvo el funcionario, quien además cuestionó que la normativa no especificara las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el gasto adicional.