La iniciativa del Ejecutivo autoriza operaciones de crédito público para obras de infraestructura, desarrollo productivo y administración de pasivos provinciales.
El Gobierno de Santa Cruz envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 257/2026 para autorizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones, destinados a financiar obras estratégicas, programas de desarrollo y administración de pasivos provinciales.
La iniciativa establece el marco legal y financiero para acceder a distintas herramientas de financiamiento, tanto en mercados nacionales como internacionales. A continuación, los principales puntos del proyecto:
Autorización para tomar deuda por hasta USD 600 millones
El artículo 1 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones —o su equivalente en otras monedas— durante el actual ejercicio y años subsiguientes. Los fondos podrán utilizarse para financiar gastos de capital, ejecutar programas de desarrollo, administrar pasivos provinciales y refinanciar o renegociar deudas existentes.
Qué herramientas financieras podrá utilizar la Provincia
El proyecto habilita al Ejecutivo a utilizar distintos mecanismos financieros, como emisión de títulos de deuda, bonos en mercados nacionales e internacionales, acuerdos con organismos multilaterales y créditos con entidades financieras. También contempla convenios con organismos como el BID, CAF, Banco Mundial y otros entes internacionales de crédito.
Plazos y condiciones financieras
La propuesta fija parámetros generales: deuda interna o externa, plazo máximo de amortización de hasta 15 años, tasas de interés fijas, variables o mixtas, y pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Las tasas deberán ajustarse a valores de mercado para operaciones comparables.
Facultad para emitir bonos y operar en mercados internacionales
El proyecto otorga amplias facultades al Ministerio de Economía para definir moneda, plazos y tasas, determinar el momento de emisión, colocar títulos en mercados locales o internacionales, contratar bancos, asesores y agentes financieros, y realizar recompras o renegociaciones de deuda.
Prórroga de jurisdicción y legislación extranjera
Uno de los puntos más relevantes aparece en el artículo 3, donde se habilita al Poder Ejecutivo a prorrogar jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y aceptar legislación internacional. El texto también autoriza la renuncia a defensas de inmunidad soberana, condiciones exigidas por inversores institucionales internacionales.
Regalías y coparticipación como garantía
La iniciativa autoriza a utilizar recursos provinciales como garantía, entre ellos fondos de coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas y regalías mineras. El Gobierno sostiene que las regalías representan un activo estratégico por ser ingresos dolarizados que mitigan el riesgo cambiario.
Modificaciones presupuestarias y exenciones
El artículo 4 habilita al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias necesarias. El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura será la autoridad de aplicación. Además, el artículo 6 establece que todos los actos, contratos y operaciones derivados de esta ley quedarán exentos de tributos provinciales.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que Santa Cruz enfrenta un escenario de déficit estructural por la caída de regalías hidrocarburíferas, la reducción de transferencias nacionales y el desequilibrio financiero de las instituciones de seguridad social. El Presupuesto 2026 prevé una necesidad de financiamiento superior a los $356 mil millones. El financiamiento permitirá ejecutar obras estratégicas de infraestructura, mejorar servicios públicos, reducir costos operativos y fortalecer el desarrollo económico provincial.