El canciller Fernando Aramayo activó la expulsión de activistas internacionales por presunta injerencia, mientras el Ministerio de Salud reporta seis fallecidos y desabastecimiento crítico de oxígeno medicinal.
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, informó sobre la expulsión de activistas internacionales por presunta injerencia en el contexto de las marchas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La Dirección General de Migración, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, canceló las visas de turismo de los implicados. Aramayo no precisó las nacionalidades ni el número exacto de personas alcanzadas por la medida.
El Ministerio de Salud de Bolivia confirmó el fallecimiento de seis ciudadanos vinculados al bloqueo de rutas. Entre ellos, Anna Enns, de 56 años, nacionalizada boliviana, falleció por descompensación al regresar de Perú; Nelly Villanueva Medina, de 40 años, por complicaciones de insuficiencia renal crónica y edema pulmonar; un joven de 20 años en El Alto; un niño de 12 años durante su traslado de Llallagua a Potosí; y una mujer de 24 años, paciente oncológica, en Oruro mientras era trasladada a La Paz.
El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol), Javier Lupo, afirmó que la situación es insostenible para los centros de salud de alta capacidad resolutiva debido al desabastecimiento terrestre que interrumpió la producción de fármacos esenciales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la Central Obrera Boliviana (COB) y a las organizaciones campesinas a flexibilizar los piquetes para permitir el ingreso de alimentos e insumos hospitalarios. Los manifestantes mantienen la medida de fuerza por 33 días consecutivos en las principales carreteras internacionales.
La crisis humanitaria escaló este martes en El Alto con la muerte de un chofer de transporte pesado que permaneció 32 días varado. Su esposa, Zulema Ramos, confirmó al diario La Razón que la víctima intentaba retornar desde Perú con mercadería para mantener a sus tres hijos.