Un estudio de la consultora Audemus advirtió que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso ofrece beneficios fiscales y regulatorios extraordinarios sin exigir inversiones en investigación, desarrollo tecnológico, empleo calificado o integración productiva local.
Un estudio de la consultora Audemus, dirigida por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuestionó el proyecto de ley denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), enviado por el Gobierno nacional al Congreso. Según el oficialismo, la iniciativa busca atraer inversiones en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, industrialización de minerales e infraestructura digital estratégica.
El informe sostiene que el proyecto no incorpora herramientas habituales en estrategias de desarrollo productivo implementadas a nivel internacional. “No se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo vinculada a esos sectores”, señala el documento, que cuestiona la ausencia de requisitos vinculados a investigación y desarrollo, generación de capacidades tecnológicas, formación de recursos humanos y encadenamientos productivos locales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el régimen otorgaría estabilidad fiscal durante 30 años sin exigir compromisos verificables a los inversores. El informe también advierte que el proyecto contempla la posibilidad de resolver conflictos mediante tribunales arbitrales internacionales, una herramienta que, según Audemus, resulta más amplia que la utilizada en otros países de la región. Además, destaca que no existen obligaciones mínimas relacionadas con inversión en investigación y desarrollo local, vinculación con universidades y centros tecnológicos, integración de proveedores nacionales, generación de empleo calificado, metas ambientales o de eficiencia energética, y participación de producción destinada al mercado interno.
La consultora identifica tres aspectos particularmente sensibles: la exención arancelaria alcanza únicamente a los bienes de capital necesarios para instalar los proyectos, pero no a los insumos utilizados posteriormente en la producción; la estabilidad fiscal por tres décadas supera ampliamente los regímenes vigentes en otros países de América Latina; y la ausencia de contraprestaciones obligatorias para acceder a los beneficios. Asimismo, el estudio señala que la exigencia de invertir el 20% del proyecto durante los primeros dos años ya existe en el RIGI vigente y considera que su aplicación práctica terminó siendo más flexible de lo previsto inicialmente. “En tal sentido, el RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo”, sostiene el informe.
Entre las actividades con potencial para acceder al régimen aparecen los centros de datos vinculados a inteligencia artificial, el hidrógeno verde, las plantas de licuefacción de gas natural licuado (GNL), la industria de semiconductores y la biotecnología avanzada. Respecto de los data centers, Audemus remarca que se trata del único sector donde existe hasta el momento un anuncio concreto asociado al proyecto, vinculado a la iniciativa Stargate, impulsada por OpenAI y Sur Energy. En el caso del hidrógeno verde, considera que existe potencial, aunque advierte que todavía faltan marcos regulatorios específicos y acuerdos comerciales que permitan avanzar hacia proyectos de escala. Para el GNL, el informe observa mejores perspectivas debido al desarrollo de Vaca Muerta y al rol de YPF como empresa ancla dentro de los proyectos actualmente en marcha. En cambio, para semiconductores y biotecnología, las probabilidades de inversiones de gran magnitud aparecen como más limitadas en el corto plazo.
El análisis de Audemus destaca que las inversiones tecnológicas más relevantes concretadas en América Latina durante los últimos años se concentraron principalmente en Brasil y México. Según el estudio, esos países reúnen una combinación de factores que explican la llegada de capitales: mercados internos de gran escala, cadenas industriales desarrolladas, políticas industriales activas, participación de empresas estatales en sectores estratégicos y programas con exigencias de integración local e innovación. El informe también sostiene que los incentivos fiscales suelen tener una incidencia reducida en la decisión final de localización de grandes inversiones tecnológicas, donde pesan más factores como disponibilidad energética, infraestructura y recursos humanos especializados.
Audemus recomienda introducir cambios en seis aspectos centrales del proyecto: incorporar obligaciones de inversión en investigación y desarrollo, reducir el período de estabilidad fiscal, revisar el mecanismo de arbitraje internacional, crear esquemas específicos para proyectos piloto, analizar el impacto fiscal sobre las provincias y establecer requisitos de integración productiva local. Según el informe, “la diferencia entre un enclave productivo y una inversión transformadora no es el monto: es si genera capacidades industriales y tecnológicas locales”.